Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados. ¿Por qué las desestiman?

Nos ha llegado una interesante resolución que resuelve -desestima- un RECURSO DE ALZADA en materia de PENSIÓN ASISTENCIAL DE ANCIANIDAD PARA ESPAÑOLES DE ORIGEN RETORNADOS.

Os recordamos que esta prestación está prevista para emigrantes retornados de más de 65 años que:

No cotizaron nunca en España o no lo hicieron el tiempo suficiente para disfrutar de pensión contributiva española.

Y reúnen todos los requisitos excepto el tiempo de residencia para cobrar una pensión de JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA.

Sus especialidades más relevantes frente a las reclamaciones de complementos por mínimos o pensiones no contributivas son que :

1º.- Las resuelve directamente la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social -oficinas centrales en Madrid-.

2º.- Las resoluciones desestimatorias no se impugnan en los Juzgados de lo Social, sino mediante un recurso contencioso-administrativo que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para interponer dicho recurso es imprescindible utilizar los servicios de abogado y procurador.

La resolución que hemos conocido nos parece importante porque explica con detalle las razones por las cuales la Administración rechaza la solicitud.

Y así, se comprueba que aplican un informe emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal el 3 de agosto de 2016 sobre criterios de acceso al subsidio de desempleo en el caso de emigrantes retornados. Allí se establece que en el caso de que la pensión venezolana resulte impagada, no se tendrá en cuenta dicha prestación:

a) Cuando se obtenga un pronunciamiento judicial en el que se refleje el impago y la imposibilidad de ejecución de la sentencia que condene al abono de la deuda.

b) O bien cuando el impago y la imposibilidad de cobro hayan sido certificados por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales.

En todos los supuestos se exige que el solicitante de la prestación suscriba una declaración jurada en la que haga constar el impago de la pensión de jubilación a cargo del Estado de Venezuela, y su compromiso de devolución inmediata de las cantidades percibidas para el caso de cobrar la pensión venezolana.

CONCLUSIONES:

La resolución pone de manifiesto:

1º.- Que la Administración española también asume -al menos para estas prestaciones-, que no se pueden tener en cuenta pensiones teóricas para determinar los medios económicos a disposición de sus posibles beneficiarios, sino solo las que efectivamente se disfrutan.

2º.- La única discusión se centra en la forma de acreditar el impago, pues solo admiten los dos medios de prueba ya indicados.

3º.- Esa limitación parece arbitraria, porque nada debe impedir que se puedan aceptar otros medios siempre que la fuente que proporciona el conocimiento sea fiable, solvente, y conduzca al resultado que importa, que en el caso es: el IVSS no paga.

Así, la resolución a la que estamos haciendo referencia enumera los medios alternativos que las partes aportaron a los expedientes para acreditar la falta de cobro de sus pensiones: Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados de 2.11.2016 y 21.2.2017; requerimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) para que pague las pensiones;  informe del Defensor del Pueblo sobre el resultado negativo de las gestiones realizadas por el INSS ante el IVSS, …,. Pocas veces las fuentes serán más solventes, pero como no eran los medios  que los servicios técnicos de la Administración señalaron en sus informes, no fueron  suficientes.

Sin entrar en otras consideraciones y teniendo en cuenta que nuestras leyes procesales sientan que no es necesario probar los hechos que gocen de notoriedad, no debería existir dificultad para que las demandas contra estas resoluciones prosperen. Por lo tanto, animamos a los afectados para que las impugnen judicialmente.

4º.- En todo caso, parece conveniente incorporar a las solicitudes que se formulen o a las ya formuladas una declaración jurada en la que los interesados se comprometan a informar a las autoridades españolas de los pagos que realice el Instituto Venezolano de Seguros Sociales tan pronto se produzcan, para que se pueda realizar una la posterior regularización de las prestaciones. No pasa nada si no se aportó inicialmente -la Administración lo puede requerir con posterioridad-;  pero convendría unirlas a los solos efectos de agilizar los expedientes.

Para finalizar, os dejamos el enlace a la Resolución  denegatoria que estamos comentando.

Esperamos que os sirva de ayuda.